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Argentina endurece sanciones penales por explotación de recursos en Islas Malvinas

El presidente Javier Milei presentó al Congreso una iniciativa para elevar a 20 años de prisión las penas por actividades extractivas no autorizadas en el archipiélago.

Redacción El Norte de México
Foto: eleconomista.com.mx

El presidente de Argentina, Javier Milei, envió formalmente al Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca endurecer significativamente las sanciones penales para quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin contar con la autorización explícita del Estado argentino. La propuesta establece penas de hasta 20 años de prisión para las empresas y particulares que realicen actividades de pesca, exploración de hidrocarburos o extracción minera en la zona en disputa.

La iniciativa busca actualizar el marco jurídico vigente para reforzar el reclamo de soberanía sobre el archipiélago. De acuerdo con fuentes de la administración central argentina, el objetivo principal es dotar al Poder Judicial de herramientas legales más contundentes para desincentivar la presencia de actores económicos extranjeros en las aguas bajo control territorial reclamado por Buenos Aires.

El proyecto de ley llega en un momento de tensión diplomática sobre el control de los recursos marinos y la plataforma continental. La propuesta contempla no solo el aumento de las penas privativas de libertad, sino también la aplicación de multas económicas severas para las corporaciones que operen en la región, las cuales serían calculadas en función del valor de los recursos extraídos de manera ilegal.

La tramitación legislativa de este proyecto será seguida de cerca por los sectores políticos y diplomáticos en el Cono Sur, dado el impacto que podría tener en las relaciones bilaterales y en la actividad de las compañías que operan actualmente en la zona. El equipo de gobierno señaló que la medida es una respuesta necesaria para proteger la integridad de los recursos naturales que forman parte del patrimonio soberano del país.

El Congreso de la Nación deberá ahora debatir la viabilidad y los alcances de esta reforma. Mientras tanto, las autoridades argentinas mantienen su postura de rechazo a cualquier actividad comercial que no cuente con el aval oficial emitido desde Buenos Aires.

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