Congreso de Michoacán aprueba 9 mil millones para obras sin proyectos definidos
El Poder Legislativo estatal autorizó una partida presupuestal multianual bajo un esquema de opacidad, lo que generó señalamientos del CEMIDE por la falta de transparencia en la infraestructura proyectada.
El Congreso del Estado de Michoacán aprobó recientemente una partida presupuestal de 9 mil millones de pesos destinada a obra pública multianual. La decisión legislativa se tomó sin que se presentaran los expedientes técnicos ni la relación específica de las obras que serán ejecutadas con estos recursos públicos, lo que ha generado incertidumbre sobre el destino final de los fondos.
El Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE) cuestionó la determinación de los legisladores, señalando que la falta de proyectos ejecutivos definidos contraviene los principios de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público. De acuerdo con el organismo civil, la aprobación de recursos sin una planificación detallada impide que la ciudadanía pueda vigilar la eficiencia y la pertinencia de las inversiones en infraestructura estatal.
Por su parte, los representantes del Legislativo han argumentado que este presupuesto multianual busca otorgar flexibilidad financiera a la administración estatal para atender necesidades de infraestructura de manera expedita. Sin embargo, diversos analistas han advertido que este esquema podría facilitar el uso discrecional de los recursos si no se establecen mecanismos de supervisión claros desde el inicio del proceso de licitación.
Hasta el momento, la Secretaría de Finanzas y Administración del estado no ha publicado el desglose detallado sobre qué obras serán prioritarias ni los calendarios de ejecución previstos. La sociedad civil organizada mantiene el llamado a las autoridades para que se transparenten los proyectos antes de que se inicie cualquier proceso de contratación o asignación de contratos a empresas constructoras.
El debate en torno a esta asignación presupuestal subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización en el ámbito estatal. La exigencia ciudadana se centra en que los recursos públicos cuenten con una justificación técnica sólida y un impacto social verificable, evitando así que grandes sumas de dinero sean etiquetadas sin un plan de ejecución transparente y auditable.
