Defensa de Ángel Aguirre presenta 31 pruebas para desestimar acusación de FGR
El equipo legal del exgobernador entregó nuevos elementos probatorios, incluyendo testimonios de exfuncionarios, para buscar el cierre de la causa penal iniciada por la FGR.
La defensa legal de Ángel Aguirre presentó formalmente ante las autoridades judiciales un paquete de 31 pruebas documentales y testimoniales con el objetivo de desestimar las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en contra del exmandatario. La entrega de este expediente busca invalidar los señalamientos vigentes que han mantenido el proceso judicial abierto durante los últimos años, bajo la premisa de que no existen elementos suficientes para sostener la imputación.
Entre los documentos más destacados, los abogados incorporaron las declaraciones formales de Jesús Martínez Garnelo, quien se desempeñó como secretario de Gobierno, y del excoordinador de Transporte Aéreo de la administración estatal. Ambos exfuncionarios comparecieron ante las instancias correspondientes para ratificar testimonios que, según la defensa, acreditan la falta de responsabilidad administrativa y penal del exgobernador en los hechos investigados por la autoridad federal.
La estrategia de los litigantes se centra en demostrar que las decisiones tomadas durante la gestión de Aguirre se apegaron a los marcos legales establecidos y que las acusaciones actuales carecen de sustento probatorio sólido. El equipo legal sostiene que la integración de estos 31 elementos es fundamental para que el Poder Judicial determine la improcedencia de las imputaciones presentadas por el Ministerio Público Federal.
Por su parte, la FGR deberá analizar el nuevo material aportado para determinar si existen motivos para continuar con la investigación o si se procederá al archivo definitivo del caso. Mientras tanto, el proceso sigue su curso en los tribunales federales, donde se espera que en las próximas semanas se defina la situación jurídica definitiva mediante las audiencias programadas por el juez de control correspondiente.
Este movimiento legal representa uno de los pasos más significativos para la defensa en su intento de revertir la acción penal iniciada por la Fiscalía. La resolución de este conflicto judicial es seguida de cerca por diversos actores políticos y sociales, dado el impacto que el caso ha tenido en la esfera pública estatal y nacional desde que las investigaciones fueron trasladadas al ámbito federal.
