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Denuncian obstáculos en procesos judiciales por abuso sexual infantil en Querétaro

Colectivos feministas señalan una preocupante tendencia en Querétaro donde la complicidad de grupos organizados y defensores perpetúa la impunidad en casos de abuso sexual contra menores.

Redacción El Norte de México
Foto: jornada.com.mx

Diversos colectivos de mujeres en el estado de Querétaro han denunciado este domingo que las investigaciones sobre abuso sexual contra menores enfrentan barreras estructurales y sociales significativas. Según las organizaciones, el acceso a la justicia se ha visto comprometido por la intervención de grupos vinculados a la denominada machósfera, quienes, según los testimonios, se han organizado para desestimar denuncias y proteger a los agresores mediante tácticas de revictimización y presión mediática.

Las denunciantes sostienen que estas dinámicas han generado un ambiente hostil que desincentiva a las víctimas y sus familias a continuar con los procesos legales ante la Fiscalía General del Estado. La preocupación principal recae en la aparente capacidad de estos grupos para influir en la percepción pública y en los procesos de investigación, lo que contraviene los protocolos nacionales de protección a la niñez y el debido proceso.

El fenómeno descrito revela una red de apoyo informal que ha comenzado a operar de manera coordinada para obstaculizar el trabajo de las autoridades judiciales. Las activistas advirtieron que, si no se implementan medidas de protección más estrictas para las víctimas y se garantiza una investigación con perspectiva de género, el riesgo de impunidad en estas carpetas de investigación continuará en aumento.

Ante este panorama, diversas organizaciones civiles han hecho un llamado a las autoridades estatales para que refuercen la autonomía de los ministerios públicos y aseguren que ninguna presión externa interfiera en la procuración de justicia. Se espera que en los próximos días se establezcan mesas de diálogo entre las autoridades de seguridad locales y representantes de la sociedad civil para evaluar el impacto de estas acciones en el sistema penal queretano.

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