Fans de BTS presentan quejas ante Profeco por precios de Ticketmaster

Un grupo de seguidores de la agrupación de k-pop BTS se manifestó este lunes frente a las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Ciudad de México. Los asistentes denunciaron presuntas irregularidades y precios elevados durante el proceso de compra de entradas para eventos musicales, exigiendo una revisión exhaustiva a las prácticas comerciales de la empresa Ticketmaster en el país.

Los manifestantes señalaron que, durante los procesos de adquisición en línea, se enfrentan a costos adicionales no especificados y a una disparidad en los precios finales en comparación con los anunciados inicialmente. Esta movilización busca que la autoridad federal intervenga para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados y se apliquen las sanciones correspondientes en caso de acreditarse prácticas abusivas o publicidad engañosa.

Representantes de los grupos de fans indicaron que han recopilado testimonios sobre las dificultades técnicas y financieras experimentadas al intentar asegurar sus lugares en conciertos de alta demanda. La intención de este colectivo es que Profeco establezca un diálogo directo con la boletera para transparentar los criterios de asignación de boletos y la estructura de las tarifas de servicio que se aplican a los usuarios en México.

Por su parte, la dependencia federal ha reiterado su compromiso de atender las denuncias presentadas a través de sus canales oficiales y plataformas de atención al consumidor. Las autoridades han manifestado que los casos recibidos serán analizados bajo la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de determinar si existen violaciones a las normas vigentes en materia de comercio electrónico y servicios de entretenimiento.

El sector de la organización de eventos y conciertos en México ha enfrentado en años recientes una creciente presión por parte de los usuarios, quienes demandan mayor claridad y equidad en el mercado de la venta de entradas. Este caso se suma a los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad civil por vigilar el cumplimiento de las normativas de consumo frente a grandes proveedores de servicios internacionales que operan en territorio nacional.