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Fiscalía de EU acusa a operador de Los Chapitos por fentanilo

Iván Valerio, detenido en Sinaloa el pasado enero, enfrenta cargos federales en Estados Unidos por tráfico de precursores químicos y portación ilegal de armas.

Redacción El Norte de México
Foto: forbes.com.mx

La Fiscalía de Estados Unidos formalizó cargos contra Iván Valerio, señalado como un suministrador clave de precursores químicos para la facción de Los Chapitos. De acuerdo con la acusación presentada ante las autoridades judiciales estadounidenses, el imputado es responsable de coordinar la logística de insumos necesarios para la producción masiva de fentanilo, además de enfrentar cargos por el uso y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El arresto de Valerio ocurrió el pasado 19 de enero en Sinaloa, durante un operativo coordinado entre fuerzas federales mexicanas. En dicha acción, elementos de seguridad nacional lograron la detención del sujeto junto a otros presuntos socios vinculados a la red de trasiego de drogas sintéticas hacia el mercado estadounidense. Desde entonces, el detenido ha permanecido bajo custodia de las autoridades mexicanas mientras se desarrollan los procesos judiciales correspondientes.

La justicia estadounidense sostiene que la red operada por Valerio desempeñaba un rol estratégico en la cadena de suministro de los laboratorios clandestinos controlados por el grupo delictivo. La acusación detalla que, además de la gestión de sustancias ilícitas, el imputado presuntamente utilizaba armamento de alto poder para proteger las rutas de distribución y los centros de acopio en la región del noroeste del país.

Este caso subraya la presión internacional sobre las estructuras criminales que operan en territorio mexicano para el control del mercado de opioides sintéticos. La Fiscalía estadounidense ha señalado que continuará colaborando con las agencias de seguridad para desarticular las células logísticas que facilitan la producción de sustancias que cruzan la frontera norte. Por su parte, las autoridades mexicanas mantienen los procesos legales vigentes conforme a la normativa penal nacional.

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