Gobierno de México exige retirar 31 piezas arqueológicas de subasta estadounidense

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México ha formalizado una petición oficial para detener la subasta de 31 piezas arqueológicas de origen mexicano programada en Estados Unidos. La titular de la dependencia, Claudia Curiel, informó que se han emprendido las acciones legales y diplomáticas necesarias en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para impedir la comercialización de estos bienes considerados patrimonio de la nación.

El Gobierno Federal sostiene que la venta de estos objetos contraviene los tratados internacionales suscritos por México en materia de protección y recuperación de patrimonio cultural. La postura oficial subraya que la comercialización de piezas arqueológicas extraídas del territorio nacional sin autorización es una práctica que vulnera la memoria histórica y la identidad de los pueblos originarios del país.

Como parte de las gestiones, las autoridades mexicanas han solicitado a la casa subastadora que suspenda de manera inmediata la oferta pública de dichos objetos. Asimismo, se ha hecho un llamado a las autoridades estadounidenses para colaborar en la investigación sobre la procedencia de las piezas, con el objetivo de asegurar su posible restitución al Estado mexicano mediante los mecanismos de cooperación bilateral vigentes.

La titular de Cultura señaló que, además de las acciones legales, se trabaja en campañas de concientización para desalentar la compraventa de objetos arqueológicos en el mercado internacional. La administración federal busca fortalecer los protocolos de vigilancia en aduanas y sitios arqueológicos para prevenir el tráfico ilícito de bienes patrimoniales, una prioridad en la agenda de protección cultural del país durante el presente año.

El Gobierno de México reafirma su compromiso con la recuperación de los bienes culturales que se encuentran en el extranjero. A través de la estrategia integral de diplomacia cultural, se busca consolidar una red de protección que impida que el patrimonio histórico de la nación sea objeto de lucro por parte de coleccionistas privados o casas de subastas internacionales.