Habitantes de Chiapas protestan contra autopista San Cristóbal-Palenque
Comunidades indígenas y organizaciones sociales marcharon hoy en Chiapas para rechazar la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque y la presencia de fuerzas de seguridad en sus territorios.
Cientos de integrantes de diversas organizaciones sociales y habitantes de los municipios de la región norte y altos de Chiapas se movilizaron este lunes para manifestar su rechazo al proyecto de la autopista que conectaría San Cristóbal de las Casas con Palenque. Los manifestantes sostienen que la obra de infraestructura, impulsada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, afectaría gravemente los ecosistemas locales y el tejido social de los pueblos originarios que habitan en la zona de influencia del trazo proyectado.
Durante la marcha, que recorrió las principales calles de la capital chiapaneca, los inconformes expresaron su preocupación por el incremento de la presencia de elementos de la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad pública en sus comunidades. Según los portavoces del movimiento, los operativos de vigilancia implementados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son percibidos como una forma de presión para facilitar la aceptación de los trabajos de construcción en los ejidos afectados.
Los representantes de las comunidades declararon que, si bien el gobierno federal ha presentado el proyecto como una vía estratégica para el desarrollo turístico y comercial del sureste mexicano, ellos no han sido consultados adecuadamente bajo los estándares internacionales. En lugar de megaproyectos de infraestructura, las organizaciones exigen que la prioridad del Estado sea la atención de las necesidades básicas, como el acceso a servicios de salud de calidad, educación y la resolución de conflictos agrarios que prevalecen en diversas zonas de la entidad.
La movilización concluyó frente a las oficinas gubernamentales con una petición formal entregada a las autoridades estatales, donde reiteran su exigencia de detener los trabajos preliminares y el retiro de los destacamentos policiales y militares. Por su parte, el gobierno del estado ha mantenido una postura de diálogo, señalando que cualquier proyecto de infraestructura debe cumplir con los estudios de impacto ambiental y social necesarios antes de iniciar cualquier proceso constructivo en territorio estatal.
