Kenia López acusa a Luisa María Alcalde de rebasar límites éticos

La senadora Kenia López Rabadán señaló este sábado a la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, por considerar que rebasó los límites éticos de su función pública. El reclamo surge tras la reciente difusión de una lista que contiene 120 cuentas de usuarios en redes sociales identificadas como críticas hacia la actual administración gubernamental. Según la legisladora, este tipo de acciones desde una oficina de alto nivel gubernamental vulneran el ejercicio de la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país.

Durante sus declaraciones, López Rabadán argumentó que el uso de los recursos y la estructura del Poder Ejecutivo para exhibir a ciudadanos o comunicadores que cuestionan el actuar oficial representa una práctica que debería ser ajena a la labor de una consejería jurídica. La senadora sostuvo que la responsabilidad principal de dicha oficina debe centrarse en el análisis legal y el cumplimiento normativo, en lugar de enfocarse en el monitoreo o señalamiento de opiniones críticas expresadas por particulares.

Por su parte, el equipo de comunicación de la Consejería Jurídica ha sostenido en ocasiones previas que el monitoreo de redes sociales forma parte de los protocolos informativos para medir el impacto de las políticas públicas y la percepción social del gobierno. Sin embargo, este nuevo señalamiento ha reavivado el debate sobre el uso de las plataformas oficiales para exponer perfiles que disienten de la línea gubernamental, un tema que ha generado posturas encontradas en el Congreso de la Unión.

La oposición en el Senado de la República ha manifestado su intención de presentar exhortos para que se garantice la neutralidad de las dependencias federales. Los legisladores inconformes proponen que se establezcan lineamientos más claros para evitar que las oficinas de gobierno se utilicen como herramientas de confrontación directa con la ciudadanía, bajo el argumento de que el respeto a la pluralidad es un pilar fundamental del Estado mexicano.

Hasta el momento, la Consejera Jurídica no ha emitido un posicionamiento detallado sobre esta acusación específica. Se espera que el tema sea abordado en las próximas sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde los diversos grupos parlamentarios suelen debatir sobre los límites de la comunicación oficial frente al derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión.