Mineros en Sinaloa exigen seguridad y justicia tras desapariciones recientes
La industria minera solicita a la administración de Claudia Sheinbaum garantías de seguridad ante la violencia que afecta a sus trabajadores en Sinaloa.
Representantes del sector minero en México han solicitado formalmente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el fortalecimiento de las estrategias de seguridad en las zonas extractivas de Sinaloa. La petición surge tras la desaparición y fallecimiento de varios trabajadores en la entidad, hechos que han generado una creciente preocupación entre las empresas y los colectivos laborales, quienes exigen que estos casos no se conviertan en simples cifras estadísticas de la violencia nacional.
La industria sostiene que las operaciones mineras en áreas rurales del estado se han vuelto vulnerables ante la presencia de grupos delictivos que interceptan rutas de transporte y personal. Ante esta situación, el sector ha planteado la necesidad de establecer mesas de diálogo permanentes con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las autoridades estatales, con el objetivo de diseñar protocolos de protección que garanticen la integridad física de los mineros durante sus jornadas laborales.
Por su parte, los familiares de las víctimas han hecho un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para agilizar las investigaciones y evitar que los expedientes de los mineros desaparecidos sufran retrasos burocráticos. La demanda principal de los afectados es la aplicación de mecanismos efectivos que permitan esclarecer los hechos y frenar el clima de impunidad que, según señalan, ha rodeado las actividades industriales en los últimos meses en diversas regiones de la sierra sinaloense.
La propuesta del sector minero incluye la implementación de patrullajes más frecuentes por parte de la Guardia Nacional en los caminos de acceso a las minas, así como una mayor coordinación con las policías municipales. Las empresas han reiterado su disposición para colaborar con el Gobierno Federal, enfatizando que la seguridad de los trabajadores es una condición indispensable para la continuidad de las operaciones extractivas que sostienen la economía de numerosas comunidades locales.
