Moody’s advierte que reformas judiciales limitan la inversión privada en México

La agencia calificadora Moody’s informó este miércoles que la inversión en México continúa limitada debido a las recientes modificaciones en el sistema judicial. De acuerdo con el análisis de la institución, la incertidumbre jurídica ha provocado que diversos sectores mantengan cautela ante la falta de claridad sobre la protección de sus capitales y el cumplimiento de acuerdos comerciales a largo plazo.

El reporte destaca que, además de la reforma al Poder Judicial, otras políticas públicas implementadas han incrementado el escepticismo entre los inversionistas. Según la agencia, la percepción sobre la seguridad en el cumplimiento de contratos y garantías es un factor determinante para la llegada de nuevos proyectos de inversión extranjera directa, la cual se ha visto afectada por las condiciones vigentes en el clima de negocios nacional.

La postura de la calificadora subraya que el marco institucional es fundamental para mantener la confianza de los mercados. La incertidumbre jurídica, señalan los analistas, se traduce en un freno para el desarrollo de infraestructura y proyectos industriales que requieren certidumbre legal para su ejecución durante los próximos años en territorio mexicano.

Expertos en el sector financiero han señalado que la estabilidad de las reglas del juego es esencial para que México aproveche las oportunidades globales de relocalización de empresas. Sin embargo, el entorno actual, marcado por la transición en el sistema de impartición de justicia y otros ajustes normativos, sigue siendo observado con detenimiento por las instituciones financieras internacionales.

Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mantenido su compromiso de fomentar un entorno propicio para los negocios, buscando conciliar las reformas internas con las necesidades de crecimiento económico del país. Por su parte, los organismos empresariales han solicitado un diálogo constante con las autoridades para asegurar que el marco jurídico brinde la certeza necesaria para el fortalecimiento de la economía nacional.