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SCJN ordena juzgar desapariciones de mujeres defensoras con enfoque de género

El pleno de la Suprema Corte determinó que aplicar la perspectiva de género e interseccionalidad en estos casos es una obligación legal vinculante.

Redacción El Norte de México
Foto: forbes.com.mx

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al establecer que las desapariciones de mujeres defensoras de derechos humanos deben investigarse y juzgarse bajo una perspectiva de género e interseccionalidad. Esta decisión judicial subraya que la aplicación de este enfoque no es opcional para las autoridades ministeriales y judiciales, sino una obligación constitucional para garantizar el acceso a la justicia en casos de alta vulnerabilidad.

La determinación de los ministros busca cerrar las brechas que históricamente han impedido que las investigaciones reconozcan los riesgos específicos que enfrentan las mujeres por su labor de defensa. Según lo discutido por el pleno, la interseccionalidad permitirá a los juzgadores analizar cómo factores como la identidad de género, la condición social y el contexto territorial aumentan la exposición a la violencia sistémica en las distintas regiones del país.

Esta sentencia vincula a las fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR) a modificar sus protocolos de actuación. La resolución exige que las investigaciones dejen de tratar estos hechos como eventos aislados, obligando a los funcionarios a considerar el impacto de la labor de las víctimas como un elemento central en la línea de investigación.

Organizaciones de la sociedad civil han señalado que este precedente es un paso fundamental para combatir la impunidad en los casos de desaparición. De acuerdo con defensores de derechos humanos, la implementación efectiva de esta medida requerirá una capacitación profunda de los agentes del Ministerio Público en todo el territorio nacional.

Finalmente, la SCJN enfatizó que el incumplimiento de estas directrices podría derivar en responsabilidades administrativas para los servidores públicos. Con este fallo, el máximo tribunal busca sentar las bases para una reparación integral que contemple no solo la búsqueda de las víctimas, sino también la protección de su integridad y el reconocimiento de su labor social.

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