Sheinbaum advierte que Morena no protege conductas delictivas tras detenciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró este martes que las siglas de Morena no representan un escudo para la impunidad, tras el reciente operativo federal que resultó en la detención del presidente municipal de Tequila y tres funcionarios de su administración. La mandataria federal subrayó que cualquier servidor público, independientemente de su filiación política, debe enfrentar las consecuencias legales si existen pruebas que vinculen su actuar con actividades ilícitas.

La detención ocurrió el pasado jueves como parte de una investigación coordinada por la Fiscalía General de la República y fuerzas federales, quienes ejecutaron diversas órdenes de aprehensión en el municipio jalisciense. Aunque los detalles precisos del expediente se mantienen bajo reserva por el debido proceso, las autoridades federales confirmaron que la intervención responde a una estrategia para combatir la corrupción y la infiltración de intereses ajenos a la legalidad en las administraciones locales.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo enfatizó que la política de su gobierno es de cero tolerancia frente a la corrupción. La jefa del Ejecutivo federal señaló que el movimiento al que pertenece no debe ser utilizado por nadie para realizar actos contrarios a la ley, instando a que las investigaciones avancen con total transparencia y apego a derecho para deslindar las responsabilidades correspondientes.

El equipo de comunicación de la Presidencia adelantó que se mantendrá una estrecha colaboración con las instancias de justicia para asegurar que el proceso se realice con imparcialidad. Por su parte, la Secretaría de Gobernación indicó que se mantendrá atenta a la gobernabilidad en el municipio, garantizando que los servicios públicos y la seguridad de los habitantes de Tequila no se vean afectados por el vacío de poder derivado de las detenciones.

Finalmente, la Presidenta reiteró que su administración no intervendrá para favorecer a ningún militante o funcionario bajo investigación. La postura oficial busca marcar una línea clara entre el ejercicio de la función pública y la ética que, según lo expuesto, deben observar los integrantes de los distintos niveles de gobierno en el país.