Sheinbaum destinará recursos recuperados de García Luna a escuelas en Guerrero
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 5.8 millones de dólares recuperados en el caso García Luna serán invertidos en infraestructura educativa en Guerrero.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes que los 5.8 millones de dólares recuperados tras procesos legales vinculados a Genaro García Luna serán destinados íntegramente al fortalecimiento de la infraestructura educativa en el estado de Guerrero. Esta medida busca canalizar fondos obtenidos mediante la recuperación de activos hacia zonas prioritarias que requieren mejoras urgentes en sus planteles escolares, atendiendo así a comunidades históricamente marginadas dentro de la entidad.
Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo Federal destacó que el gobierno de México mantiene una estrategia activa para la localización y repatriación de capitales derivados de actos de corrupción. La administración federal ha confirmado que el destino de estos recursos será supervisado por la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades estatales, para asegurar que los fondos se apliquen directamente en la rehabilitación y construcción de aulas y espacios recreativos en municipios con mayores rezagos.
Paralelamente, las autoridades mexicanas informaron que continúan las gestiones legales y diplomáticas para identificar y recuperar otros activos financieros vinculados al caso de la familia Weinberg. El gobierno federal ha enfatizado que la lucha contra el desvío de recursos públicos es una prioridad de su agenda, buscando que cada peso recuperado por la vía judicial regrese a la población a través de proyectos de bienestar social y equipamiento educativo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Unidad de Inteligencia Financiera trabajan en conjunto con instancias internacionales para robustecer los expedientes que permitan la recuperación de más capitales en el extranjero. Esta labor forma parte de una política de Estado orientada a la transparencia y a la restitución de recursos que fueron sustraídos mediante redes de corrupción en administraciones pasadas, cumpliendo con el compromiso de canalizar estos montos a obras de beneficio colectivo.


