Sheinbaum: EU no entregó pruebas adicionales contra Rubén Rocha Moya
La presidenta de México aclaró que el gobierno estadounidense no está obligado a presentar evidencias adicionales para sustentar su solicitud de extradición contra el gobernador de Sinaloa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este miércoles que el gobierno de los Estados Unidos no ha presentado pruebas adicionales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. De acuerdo con la mandataria, la administración estadounidense se ha limitado a formalizar la solicitud de detención provisional con fines de extradición, bajo el argumento de que no están obligados a integrar mayores evidencias en esta etapa del proceso judicial.
Durante su conferencia de prensa matutina, la titular del Poder Ejecutivo Federal puntualizó que la comunicación con las autoridades judiciales del vecino país se mantiene a través de los canales diplomáticos habituales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sheinbaum subrayó que el proceso iniciado por la Fiscalía General de la República se desprende estrictamente de los requerimientos técnicos recibidos desde Washington, sin que hasta el momento se hayan añadido nuevos elementos de prueba al expediente que vincula al mandatario estatal con investigaciones por presuntos nexos con el crimen organizado.
La postura del gobierno federal enfatiza el respeto a los tratados internacionales de extradición vigentes entre ambas naciones. En este sentido, la presidenta reiteró que la intervención de la Fiscalía General de la República se ciñe a verificar que las solicitudes cumplan con los requisitos formales establecidos en el marco legal, evitando emitir juicios anticipados sobre la responsabilidad política o jurídica de los funcionarios señalados en la carpeta de investigación.
Por su parte, el equipo de comunicación del gobernador Rocha Moya ha mantenido que su administración continúa operando con normalidad, mientras se desahogan los requerimientos legales solicitados por instancias internacionales. La situación ha generado una expectativa constante en el ámbito político nacional, ante la posibilidad de que otras figuras públicas sean incluidas en las indagatorias que la justicia estadounidense ha intensificado contra diversos actores políticos en Sinaloa durante los últimos meses.
Finalmente, la jefa del Ejecutivo federal descartó que esta situación represente una crisis de seguridad o gobernabilidad en el estado. El gobierno mexicano mantendrá la colaboración institucional en materia de justicia, siempre bajo la premisa de garantizar el debido proceso y la soberanía nacional frente a las solicitudes de extradición presentadas por el gobierno estadounidense.


