Sheinbaum propone prohibir doble nacionalidad para ocupar presidencia y gubernaturas

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó formalmente ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que establece como requisito indispensable para ocupar la presidencia y las gubernaturas estatales contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana. La propuesta busca modificar los artículos constitucionales correspondientes para evitar que personas con doble nacionalidad accedan a los cargos de mayor jerarquía en el Poder Ejecutivo federal y estatal.

De acuerdo con la exposición de motivos enviada por el Ejecutivo, esta medida tiene como objetivo primordial garantizar que quienes encabecen los gobiernos en México no tengan conflictos de lealtad ni riesgos de injerencia extranjera. El equipo de la presidencia ha señalado que, ante un entorno global complejo, es indispensable asegurar que los mandatarios mantengan un compromiso total y único con el Estado mexicano y sus intereses nacionales.

La iniciativa contempla que este requisito de exclusividad sea extensivo también para los titulares de las secretarías de Estado. Con esta disposición, el gobierno federal pretende homologar criterios de seguridad nacional y soberanía en las posiciones estratégicas de la administración pública, reforzando los mecanismos de control sobre los funcionarios que tienen bajo su mando las políticas de seguridad, economía y relaciones exteriores.

El documento se encuentra ya en manos de los legisladores, quienes deberán iniciar el proceso de análisis y debate en comisiones dentro de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. La propuesta ha generado diversas posturas entre los grupos parlamentarios, quienes deberán evaluar la viabilidad de ajustar los requisitos legales para el ejercicio del poder público en el país.

Esta reforma se suma a la agenda legislativa impulsada por el Ejecutivo federal en el presente periodo ordinario de sesiones. La presidencia ha hecho un llamado a las fuerzas políticas para priorizar este ajuste normativo, argumentando que la lealtad absoluta a la patria es una condición fundamental para el desempeño de cualquier cargo de elección popular de alto nivel en México.