México cae en el índice global de Estado de derecho del 2026

El World Justice Project presentó este miércoles su informe anual sobre el Estado de derecho, situando a México en una posición crítica dentro del contexto internacional. El país obtuvo el lugar 28 de 32 naciones evaluadas en América Latina y el Caribe, además de ocupar el puesto 43 de 44 entre las economías de ingreso mediano alto, lo que refleja un estancamiento en la calidad institucional y el acceso a la justicia.

Este reporte evalúa factores fundamentales como la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, el cumplimiento regulatorio y la justicia civil y penal. La baja calificación obtenida por México subraya los desafíos pendientes que enfrentan las autoridades federales, incluyendo a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República, para garantizar la certidumbre jurídica y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el territorio nacional.

Especialistas en el ámbito legal han señalado que los resultados de este 2026 ponen en evidencia la necesidad de fortalecer la independencia del Poder Judicial y la eficiencia de los organismos autónomos. El análisis sugiere que la percepción de inseguridad y la impunidad siguen siendo los principales obstáculos que impiden un mayor avance en las mediciones de gobernanza y transparencia pública.

Ante este panorama, diversos sectores académicos y de la sociedad civil han propuesto fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y fomentar una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Las propuestas incluyen el diseño de políticas públicas enfocadas en reducir la brecha entre la normativa vigente y su aplicación efectiva en las entidades federativas, con el fin de mejorar el desempeño del país en futuras ediciones del índice.

La administración federal mantiene el compromiso de revisar estos indicadores para identificar las áreas de oportunidad en la gestión de la seguridad pública y el sistema de justicia. Por su parte, el Congreso de la Unión analiza posibles reformas que, bajo una perspectiva de fortalecimiento institucional, podrían contribuir a revertir la tendencia negativa reportada por el organismo internacional en este cierre de año.