Sentencian a menor por feminicidio de dos maestras en Michoacán

Un juez de justicia para adolescentes en el estado de Michoacán dictó una sentencia de tres años de internamiento, la pena máxima permitida por la ley mexicana para menores de edad, al responsable del doble feminicidio de dos docentes en el municipio de Lázaro Cárdenas. La resolución judicial fue notificada este sábado tras concluir el proceso legal donde se acreditó la participación directa del implicado en los hechos que conmocionaron a la comunidad educativa de la región costera.

El caso se remonta a los acontecimientos ocurridos meses atrás, cuando las dos víctimas fueron privadas de la vida, generando una movilización de las autoridades de seguridad locales y estatales. La Fiscalía General del Estado de Michoacán llevó a cabo las investigaciones correspondientes, logrando la detención del menor y presentando las pruebas necesarias ante el tribunal especializado para asegurar la vinculación a proceso y la posterior sentencia definitiva.

La medida cautelar de internamiento se cumplirá en un centro especializado en la readaptación social para adolescentes, bajo la supervisión de las instituciones estatales encargadas de la protección y reinserción de menores infractores. Durante este periodo, el joven recibirá atención especializada conforme a los protocolos establecidos en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual prioriza el enfoque pedagógico y de derechos humanos.

Familiares y representantes del gremio magisterial en Michoacán han manifestado su seguimiento puntual al caso, esperando que el cumplimiento de esta pena brinde un cierre jurídico a los hechos. Por su parte, las autoridades estatales han reiterado su compromiso de continuar trabajando en coordinación con las fuerzas de seguridad para fortalecer los esquemas de vigilancia en los centros educativos y garantizar entornos seguros para los docentes en todo el territorio michoacano.

Este veredicto marca un precedente en la entidad respecto a la aplicación de la justicia en casos de violencia de género perpetrados por menores, subrayando la postura del Poder Judicial frente a delitos de alto impacto. La sentencia se mantiene en firme y el sentenciado permanecerá bajo custodia estatal hasta completar el periodo señalado por el juzgador.